La Asociación Abogados del Fuero repudia enérgicamente el DNU 669/2019, que hoy se publicó en el Boletín Oficial por cuanto modifica el Art. 12 de la LRT, en forma inconstitucional y regresiva. Se dispone cambiar el modo de actualizar el IBM que hasta la fecha devengaba los intereses del promedio de la Tasa Activa Cartera General anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, por la variación del Índice RIPTE, barriendo así con una de las pocas modificaciones a favor del trabajador que incorporó la Ley 27.348. Con la nueva redacción del Art. 12, el monto del IBM deja de devengar intereses equivalentes al promedio de la Tasa Activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del BNA, como se había dispuesto en la anterior reforma legislativa (Ley 27.348).

Este cambio, según los considerandos contradictorios del DNU, que en parte menciona que se trata de un nuevo “beneficio de los trabajadores” y por otra parte de un cambio necesario a raíz de un desequilibrio sistémico, atento a que la aplicación de esta tasa de interés ha devenido en “ultra utilidad en favor de los beneficiarios”; es claramente un perjuicio porque se traduce en menores montos indemnizatorios afectando unilateralmente los créditos de los trabajadores, de carácter alimentario y violando el derecho de propiedad de los mismos (art 14 y 17 de la CN).

Las razones expresadas como fundamento de la medida, hacen alusión a un desequilibrio financiero determinado por el rendimiento de un 42% para las aseguradoras, mientras la tasa de interés por contingencias de la Ley 24.557, ascendería a niveles cercanos al 90%.

Aun dando por válidos los números referidos, lo cual es bastante discutible ya que la tasa del 90% corresponde a un momento coyuntural de nuestra economía y no es la regla, el RIPTE del año pasado fue del 27,72%, con lo cual al cambiar la tasa por este índice, se estaría legitimando un desajuste tan grande como el otro, pero esta vez no ya a favor del sujeto que por mandato constitucional y la de la CSJN debe gozar de tutela preferencial (Art. 14 Bis), sino de las aseguradoras.

A lo dicho cabe agregar, que la presente medida no se aplica únicamente a los casos futuros, como todas las demás leyes. El Art. 3, en abierta violación a lo dispuesto por el Art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación expresamente indica su aplicación retroactiva, “a todos los casos, independientemente de la fecha de la primer manifestación invalidante”, por ende la norma resulta tan aplicable a un caso que hace 7 años está esperando sentencia definitiva como a la familia del trabajador que sufrió la semana pasada un accidente en Ezeiza, probablemente porque el mismo gobierno que sacó el DNU para que ahora la familia cobre menos apuró esa obra sin tomar los recaudos suficientes para evitar que sucediera lo que sucedió, con tal de tener algo que mostrar antes de las elecciones, aunque sea insuficiente.

Sabido es, un DNU, como señala su mismo nombre, debe justificarse en una necesidad y urgencia que impidan llevar a cabo los mecanismos normales para la sanción de la leyes.

De los considerandos de la medida parece desprenderse que la necesidad y urgencia radica en la falta de incentivos para arribar a acuerdos conciliatorios, dado que el descalce entre las desproporcionadas ganancias de los trabajadores accidentados y las pocas de las ART fomentan la litigiosidad (ante el lector desprevenido, aclaramos que se trata de una ironía).

El argumento dado en el DNU realmente es contra fáctico, cuando todos sabemos que el inconstitucional calvario impuesto a los trabajadores obligados a transitar por el sistema de Comisiones Medicas de la Ley 24.557, ratificado por las reformas sucesivas y recientemente agudizado y empeorado por la Ley 27.348, transforma a las aseguradoras en juez y parte del litigio, siendo que la mayoría de los dictámenes médicos confieren 0% (cero) de incapacidad o rechazan el nexo causal. Si, médicos se expiden sobre una de las cuestiones más complejas de la ciencia jurídica como es el nexo causal. Quizás esas sean las verdaderas razones de la litigiosidad y no el transitorio descalce.

Parecería ser, que la necesidad y urgencia que han inspirado esta medida es la de garantizar lo más pronto posible (urgencia) la mayor ganancia para las aseguradoras (necesidad), mientras se intenta argumentar que si los trabajadores ven actualizados sus créditos por una tasa medianamente razonable, dado el contexto económico, el desequilibrio que esto genera hace que el sistema no sea rentable para las ART y, por ende, supuestamente en salvaguarda de los derechos del trabajador, viene en su auxilio el Poder Ejecutivo dictando esta norma. Cinismo.

Estamos ante una norma inconstitucional, regresiva, retroactiva y cínica, profundamente cínica.

Ante la volatilidad macroeconómica que se ha generado en el país, el estado debería velar por los derechos de los beneficiarios del sistema, de los trabajadores, que son derechos humanos y gozan del más alto rango por estar consagrados en el Art. 75 Inc. 22 CN, no por el de las empresas que corren con el riesgo de su negocio.

Desde la sanción de la ley 24.557 no se ha puesto el foco en la prevención, esta modificación continua en ese sentido, si se abarata el accidente por reducción de intereses, ningún sentido tiene para la industria aseguradora, que ha demostrado ser también la industria del incumplimiento, invertir en prevención, cuando resulta mucho más rentable continuar dilatando los pagos primero en las Comisiones Medicas y luego en los Tribunales.

En síntesis, este gobierno una vez más como tantas otras, nos demuestra que no tiene respeto por la voluntad popular ya que reforma la Ley 27.348 por DNU en violación del Art. 99 Inc. 2 CN, alterando la jerarquía normativa del Art. 31 CN, en violación al Principio de Progresividad consagrado en el Art. 26 del PDESC, in pejus para el trabajador vulnerando su derecho de propiedad (Art 17 CN) y pasando por alto su condición de sujeto de preferente tutela constitucional (Art. 14 Bis CN).

De este modo, también una vez más, los abogados no tendremos otra opción que recurrir nuevamente a los tribunales del trabajo para que coloquen las cosas en cuanto a lugar por derecho y alentamos a toda la comunidad abogadil en el mismo sentido.

 

Autora: Daniela Ducros Novelli

Colaboración: Agustin Conde – Nahuel Altieri

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ABOGADOS DEL FUERO

 

 

EXPTE. Nº 55.802/2016 – FERNANDEZ MIGUEL ANGEL v. EXPERTA ART SA s/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL.

Descargar fallo del Dr. Segura donde cita comunicado de nuestra Asociación Abogados del Fuero

DNU 669/2019 – REPUDIO DE LA ASOCIACIÓN ABOGADOS DEL FUERO – FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES